martes, 15 de junio de 2010

LA DÉCADA INFAME

El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Yrigoyen inaugurando un período en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra que aumentó enormemente la dependencia Argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general Uriburu, entre 1930 y 1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz, entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país

Los negociados de la década infame

Autor: Felipe Pigna

El golpe de estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre de 1930, inauguró un período de trece años en el que ocuparon la presidencia, gracias al fraude electoral, el general Agustín P. Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo.

Esta etapa de nuestra historia, conocida popularmente como "la década infame", se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.

La intervención del Estado en la economía se limitó durante este período de profunda crisis económica y social, a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas.

Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno, fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame.

La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios.

Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso, a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafecino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dahau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos.

De la Torre, recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas de "cornead beef" selladas por el ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dahau y demostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.

Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dahau, Ramón Valdéz Cora, atentó contra la vida de De la Torre, y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere. Se dio por terminado el debate.

Pero los escándalos continuaban involucrando a políticos y funcionarios. Quizás el negociado que trajo consecuencias políticas más graves fue el de la venta de las tierras del Palomar vecinas al Colegio Militar.

En mayo de 1934, la señora María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y su hermana María Luisa intentaron infructuosamente venderle al estado un campo de 23 hectáreas en el Palomar, por entender que podría ser de interés del Ministerio de Guerra para ampliar las instalaciones del Colegio Militar. La operación no se concretó porque las damas pedían un peso por metro cuadrado y los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos. Fracasada la operación, en septiembre de 1937, las señoras retiran su terreno de la venta y se lo comunican al Director General de Ingenieros, general Juan Bautista Molina. A los pocos días, el 22 de septiembre de ese año las propietarias firman un contrato privado de compraventa con el señor Néstor Luis Casás, por el cual le vendían el campo a 0,65 pesos el metro cuadrado, estableciéndose un plazo de 120 días para concretar la escrituración.

Ese mismo día el señor Casás se presentó por intermedio de su apoderado, el señor Jacinto Baldaserre Torres, a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ofreciendo en venta el campo a 1,10 pesos el metro cuadrado. La comisión llamó a los generales Molina y Pretiñe, quienes, sin conocer el precio pedido, aconsejan la compra hasta un valor máximo de 1,10 pesos el metro cuadrado. El 11 de enero de 1939 el presidente Ortiz firma el decreto 21.683 autorizando la compra al valor indicado.

Baldaserre obtuvo además un permiso especial del Ministerio de Guerra para que la operación se hiciera en forma simultánea y en tres pasos sucesivos. El 24 de abril se produjo el negocio en La Plata: En primer lugar, el gerente del Banco Nación, sucursal La Plata, declaró cancelada la hipoteca que gravaba la propiedad de las señoras Herreras Vega. A continuación las señoras vendieron el campo de El Palomar a Néstor Luis Casás en la suma de 1.450.000 pesos y finalmente Casás le vendió al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de 2.450.000 pesos. El pago se hizo en orden inverso a la firma de las escrituras, de manera tal que el gobierno pagó en primer término a Casás; Casás, a las damas, y éstas cancelaron su hipoteca de 723.000 pesos al Banco Nación. En síntesis, Casás ganó un millón de pesos sin poner un centavo. ¿Cómo fue esto posible? Eso se preguntó el senador Benjamín Villafañe y creó una comisión investigadora. Se demostró que, a poco de concretarse la compra y mientras se ampliaran las instalaciones del Colegio Militar, se dieron en arriendo a un tambero vasco que pagó 40 pesos la hectárea. Villafañe indignado declaró en plena sesión: "Se compró a 11.000 pesos para arrendar a 40. ¿Estos son los negocios que hace el Estado?" Poco después se pudo determinar que de aquel millón de pesos, Casás debió repartir casi la mitad en sobornos a funcionarios que iban desde el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, al general Alonso Baldrich, pasando por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno de los diputados implicados y descubiertos, el radical Víctor Guillot, decidió suicidarse dejando previamente su parte del soborno a una amante. El escándalo sacudió al gobierno en general y al propio presidente Ortiz, firmante del decreto, quien presentó su renuncia.

Los principales acusados fueron condenados a siete años de prisión, pero lograron huir al Uruguay. Sólo cumplieron prisión algunos diputados que recibieron los sobornos menos significativos.

El senador Villafañe fue aclamado por sus compañeros docentes, quienes le brindaron una cena en su honor. A la hora de los agradecimientos y discursos dijo Villafañe: "En el mismo caso del Palomar hemos visto que la acusación y la sanción moral de la asamblea sólo han alcanzado a los chicos, y respecto de los grandes se ha cumplido al pie de la letra lo que dice el verso de Martín Fierro:

"La ley es tela de araña,
En mi inorancia lo explico;
No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande
Pues la ruempe el bicho grande
Y solo enrieda a los chicos."

Fuente: www.elhistoriador.com.ar

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